La Fiscalía ha pedido al juzgado de Sevilla que investiga pozos 'no legalizados' en la finca Aljóbar de Aznalcázar, perteneciente a la Casa de Alba y situada en el entorno de Doñana, prorrogar el plazo de instrucción por seis meses y que se cite a nuevos investigados de la sociedad que lleva estos terrenos.
En este caso ya declaró como investigado el nieto de la Duquesa de Alba, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, quien aseguró el pasado 20 de febrero que inició la regularización de los pozos investigados a raíz de la denuncia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que motivó luego la causa judicial.
En un escrito dirigido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor, al que ha tenido acceso Efe, la fiscal traslada esta petición al considerar que "concurren indicios suficientes" para continuar la instrucción del procedimiento por hechos que serían "cuanto menos" constitutivos de un presunto delito contra el medio ambiente.
En concreto, alude a una posible "extracción sistemática y de carácter industrial" de agua en una superficie "muy extensa y mantenida durante muchos años con grave perjuicio para el medio natural", tal y como se refleja en las actuaciones.
Por ello, solicita al juzgado que prorrogue el plazo de instrucción de la causa por seis meses más, que tendrá que computarse cuando se extinga el actualmente vigente hasta este próximo 9 de abril.
Para concluir "en debida forma" la instrucción, también pide que declaren como investigados la persona jurídica Eurotécnica Agraria SA y los diferentes miembros del Consejo de Administración de la referida entidad mercantil encargada de gestionar la finca.
La fiscal también pretende que el juzgado reclame a la CHG para que, "a la mayor brevedad", remita copia de cuantos expedientes sancionadores haya abierto a esa mercantil, con referencia expresa a las sanciones impuestas en su caso.
El juzgado que investiga los pozos ya pidió informes al organismo de cuenca para concretar si las extracciones de agua habían causado "daños sustanciales" al medio ambiente en el entorno.
Declaración como investigado
Según informaron en su día a Efe fuentes judiciales, el nieto de la Duquesa de Alba declaró el pasado 20 de febrero que inició la regularización de los pozos investigados a raíz de la denuncia de la CHG que motivó luego la causa judicial.
Explicó que accedió a la gestión de la finca en 2016, como parte de una herencia de su abuela, pero que no estaba en el funcionamiento diario de esta explotación agraria. Cuando llegó, se estaba finalizando una balsa para el riego que se abastecía de distintos pozos, según entendía él de acuerdo a lo permitido.
Sería a raíz de una denuncia en 2023 de la CHG cuando se inició la regularización de los pozos, a pesar de que este organismo de cuenca ya había estado con anterioridad en la finca y, según su declaración, no habría manifestado nada sobre estos, indicaron las fuentes.